Los profesores Antonio Zárate Conde, Fiscal Provincial y Profesor de Derecho Penal de Villanueva, y Mercedes de Prada, Profesora Titular Acreditada de Derecho Procesal de Villanueva, han colaborado en el libro El Fiscal Europeo, coordinado por la Catedrática Profª. Dra. Lorena Bachmaier y que ha contado con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad para el proyecto «Investigación y prueba en los procesos penales en Europa. La creación de una Fiscalía Europea» (DER 2013-44888-P).

Su virtualidad principal es quizá la de ser el resultado de un esfuerzo conjunto en el cual los investigadores han contado con la aportación de reconocidos académicos a nivel europeo, y también con la experiencia y conocimiento de aquellos juristas que, desde la Fiscalía o la Abogacía del Estado, han seguido de cerca el complejo itinerario legislativo que ha conducido al establecimiento de una Fiscalía Europea.

Este volumen es el resultado de la fructífera cooperación entre el mundo científico académico y la experiencia práctica aportada tanto desde la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, lo cual aporta un indudable valor añadido a la obra. Todos sus autores son expertos en la materia y muchos de ellos han estado directamente vinculados en el desarrollo del proyecto de creación de la futura Fiscalía Europea.

En el capítulo Reflexiones sobre la transacción en el marco de la Fiscalía Europea, Mercedes de Prada y Antonio Zárate se adentran en las implicaciones que las soluciones consensuadas con la Fiscalía Europea tendrán en el plano nacional español, en concreto a través de la conformidad prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como explican los autores, inicialmente se preveía regular un modelo de transacción que se aplicaría de manera uniforme en todos los procesos que fueran competencia de la Fiscalía Europea, con independencia del Estado que tuviera competencia territorial para enjuiciar el fondo del asunto. Finalmente se renunció a esa fórmula, y el Reglamento se remite de forma genérica a los «procedimientos simplificados de ejercicio de la acción penal por acuerdo», si bien las Salas Permanentes deciden sobre la propuesta de acuerdo. Como sostienen los autores, se trata de una solución de compromiso, con la cual se evitó avanzar en la armonización legislativa en materia de acuerdos de conformidad.